El Gobierno nacional presentó un plan destinado a acelerar el uso de los dólares que los argentinos mantienen en la economía informal, buscando aliviar las cargas burocráticas sobre ciertas operaciones financieras. La medida elimina la obligación de informar a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) sobre consumos personales, operaciones notariales específicas, compra-venta de vehículos usados, pago de expensas y otros gastos cotidianos.
Expertos en economía y prevención del lavado de dinero recibieron con beneplácito la reducción de estos controles fiscales, señalando que podría simplificar trámites para los contribuyentes formales. Sin embargo, expresaron cautela y preocupación ante la posible relajación de las regulaciones que impone la Unidad de Información Financiera (UIF), clave en la lucha contra la criminalidad financiera.
Juan Félix Marteau, especialista en criminalidad financiera, destacó que la reducción de controles tributarios excesivos puede ser positiva siempre que se mantenga un orden institucional sólido para garantizar la seguridad nacional y combatir eficazmente a organizaciones criminales. En contrapartida, María Eugenia Talerico, exvicepresidenta de la UIF, enfatizó la importancia de no debilitar los reportes y mecanismos de control en materia de lavado de dinero, y pidió claridad sobre cómo se ajustarán las normativas de la UIF.
Asimismo, otros expertos consultados manifestaron inquietudes sobre la implementación práctica de estas medidas, recordando que Argentina está suscripta a estándares internacionales en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo que deben respetarse.
El plan también contempla un nuevo régimen simplificado del impuesto a las Ganancias, que, según autoridades, se enfocará exclusivamente en la facturación y gastos deducibles, aunque algunos especialistas señalan que cambios de esta magnitud requerirían aprobación legislativa.
Por último, aunque algunos sectores valoran el alivio que la medida podría representar para el manejo cotidiano del dinero, persisten dudas sobre el impacto real del plan en la formalización económica y en la prevención del lavado de activos en un contexto que exige regulaciones estrictas y actualizadas.
