El Gobierno nacional oficializó este jueves una profunda reforma migratoria mediante el Decreto 366/2025, que redefine las categorías de residencia, los requisitos de ingreso y permanencia en el país, y regula el acceso de extranjeros a servicios como la salud y la educación pública.
En el marco de su política de “ordenamiento migratorio”, la administración de Javier Milei estableció ocho causas que impedirán el ingreso o permanencia de extranjeros en la Argentina. Entre ellas se incluyen la presentación de documentación falsa, antecedentes penales graves, participación en delitos de lesa humanidad o haber ingresado de manera ilegal al país, entre otros motivos.
Ocho motivos de inadmisión al país:
- Presentar documentación falsa o adulterada, u ocultar antecedentes penales.
- Tener una prohibición vigente de ingreso dictada por la autoridad competente.
- Poseer antecedentes o condenas con penas de tres años o más según la legislación argentina.
- Ser sorprendido en flagrancia cometiendo un delito de acción pública.
- Haber participado en crímenes como genocidio, terrorismo o delitos de lesa humanidad.
- Haber sido condenado por facilitar el ingreso o permanencia ilegal de personas.
- Ingresar o intentar ingresar eludiendo controles migratorios o por pasos no habilitados.
- Haber salido del país por cumplimiento de una extradición.
En materia de salud, se determinó que solo los residentes permanentes podrán acceder al sistema público en condiciones de igualdad con los ciudadanos argentinos. Los extranjeros sin esa condición deberán presentar un seguro médico o pagar previamente por la atención.
Respecto a educación, el decreto establece que los estudios universitarios estatales de grado serán gratuitos para ciudadanos argentinos y extranjeros con residencia permanente. Los demás deberán abonar por los servicios, salvo que accedan a becas previstas por convenios u organismos específicos.
Además, se creó la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, bajo la órbita del Ministerio de Economía, para diseñar políticas que promuevan la radicación de extranjeros con capacidad de inversión en el país.
Con esta medida, el Ejecutivo busca fortalecer los controles migratorios y ordenar el acceso a los servicios públicos, mientras impulsa la llegada de extranjeros que puedan contribuir al desarrollo económico.
